miércoles, agosto 23, 2006

LIQUIDEN A SOLODUCHO

(Publicado - El Observador 23/08/06).
Tal parece ser el talante con el que el gobierno vino actuando en relación al conflicto “sui géneris” que se vivió —y aún persiste— en Dancotex. A esta altura, parece lamentable que haya tanto empecinamiento y que se evalúe todo lo sucedido como una pulseada de poder. No es justo para nadie y todos pierden. El patetismo de la situación es evidente.
Este gobierno cree que tiene que ser pro-operario y que ello lo obliga a ser anti empresario. No entiende lo esencial. Hoy ser pro-operario implica también ser pro-empresario para que el titular de la empresa no se funda y, con ello, no lleve al hambre a todos los trabajadores de su empresa. Es el dos más dos. Sólo visiones muy radicalizadas, con aroma revanchista, permiten ver otra cosa. Por algo ha habido tantas idas y venidas, con actuaciones judiciales valientes y con gobernantes lamentables, que no ayudaron a cumplir lo que ordenaba la Justicia. Hacerse de sus bienes parece una proeza en este país.
Acá se ha pulverizado todos los principios legales básicos. Una huelga que no es tal. Una ocupación con guardia gremial, y cobrando pero sin trabajar. Los trabajadores que cobran el seguro de desempleo sin saber cómo termina todo. Y un caso emblemático que se constituyó en el peor ejemplo de lo que se empieza a vivir con tanta anarquía y tantas ocupaciones.
Porque esa es la verdad, los límites del Estado de Derecho, o sea las certezas de las normas legales, se han borrado porque hay que expropiar los medios de producción a sus titulares actuales para que los trabajadores, por algún mecanismo, se hagan de ellos y los exploten. Ese —parecería— es el verdadero sentir gubernamental. El empresario, en la mirada del gobierno, es un comisionista que intermedia y punto. Nada vale su espíritu de riesgo, su creatividad y su liderazgo. Nada vale su inversión, nada vale el derecho de propiedad. Nada valen sus contactos para colocar sus productos. Nada vale nada. Sólo el derecho al trabajo descolgado del mundo real. Es una mirada siniestra, sólo fruto del dogmatismo ideológico.
Aunque parezca increíble, esta óptica del otrora socialismo real, es la que impera en el equipo del Ministerio de Trabajo. Siguen desconfiando del empresario, creyendo que es un oligarca explotador, al que llegó la hora de ponerlo en su lugar. Pero, claro, no saben ni cómo, ni de qué forma, sólo saben que lo tienen que combatir por vendetta filosófica.
El Uruguay, con esta nueva dirigencia sindical poderosa, empieza vivir su peor infierno. Los gobernantes todavía no advirtieron que tiene más poder la central sindical que todo el Frente Amplio junto. Esta película, además, ya la vimos en la Argentina, donde la dirigencia sindical, con recursos económicos, maneja el poder de una manera que causa estupor. Si tendrán plata, acá, que quieren comprar un canal de televisión. El nuevo marco normativo les amparó el descuento sindical automático sobre los salarios, todo lo cual los está haciendo cada vez más ricos. Y, lógicamente, hoy todo el mundo se quiere sindicalizar, porque el gobierno está en esa sintonía. Bienvenidos al club del nuevo poder corporativo del Uruguay.
Si algún despistado cree que esta líneas son para defender los derechos de Soloducho, al que premeditadamente quieren pulverizar en forma ejemplarizante, pues sí, eso es este artículo. También es una defensa acérrima a las fuentes de trabajo que ese hombre impulsó. Las que pudo, las que le dejaron. Las que se podían salvar, porque son indisolubles ambas situaciones.
El Ministerio de Trabajo viene perdiendo la brújula. Las ocupaciones proliferan, los inversionistas desaparecen y se está ambientando la peor política laboral de los últimos tiempos. Creyendo que defiende el derecho al trabajo, está matando al trabajo verdadero. Sería bueno que recapacitaran antes que no quede nadie. Como decían ellos: el último en irse, que apague la luz.

miércoles, agosto 09, 2006

10 MACANAZOS 10

(Publicado - El Observador 9/08/06)
1. Sostenían que tenían una idea acabada del impuesto a la renta de las personas físicas. Nos mintieron. En la elección anterior manejaban parámetros que hoy ya ni recuerdan. Y lo que es peor, todavía no se sabe qué van a armar en relación a este impuesto porque la pelea interna los tiene alborotados. No tenían nada armado.
2. Señalaban que las concepciones clientelísticas eran el monopolio de la decadencia de los partidos históricos. Marina y su familia (presente y futura) nos demuestran que no hablaban en serio. Bueno, el propio Presidente Vázquez, al ubicar a su hermano, ya dio un portazo a todo el principismo que verbalizaban. Qué pena, mentían.
3. Afirmaban que eran humanistas y que las visiones de “inflación legislativa” en materia de seguridad pública eran un modelo autoritario que no daba resultados. Se dieron vuelta en medio del río, pegaron un bandazo y ahora asumen el discurso lógico: más firmeza y más sentido común en la legislación con la minoridad infractora y un marco lógico para la actuación de la policía. Aprendieron, aunque se contradijeron abiertamente. En este caso, el macanazo pasa por el doble discurso.
4. Decían que asociar a Ancap con privados era negativo. Convocaron a la gente con esta consigna. Declararon la guerra política por esto. Ahora empiezan a recorrer el camino para terminar haciendo lo que negaban. Nuevamente, el doble discurso.
5. Firmaron proyectos de ley para eliminar el endeudamiento del agro. Ahora no quieren oír hablar del tema. Decían que lo afirmaban para emitir señales. Se rieron de la buena fe de alguna gente. Ahora hay que esperar a que se produzca el milagro del entendimiento entre ellos. Hacían demagogia.
6. Ilusionaron a mucha ciudadanía incrédula con el argumento del “país productivo” y después se afiliaron a la tesis de que las ocupaciones son extensión del derecho de huelga. Ahora hay miedo de invertir. ¿Qué ocurrirá cuando los vientos económicos favorables que soplan desde el exterior dejen de hacerlo?
7. Se mostraban plurales. Y como “izquierda” que son, se suponía que sus márgenes de tolerancia deberían ser amplios. Sin embargo, el Presidente en la primera de cambio emitió un dictamen autoritario –pensado por cierto- para amedrentar a los medios de comunicación y generar un proceso de autocensura. Intolerancia meditada.
8. Desde hace años vienen sosteniendo que los Estados Unidos son el demonio en la Tierra. Con los gringos, nada. Ni ALCA, ni nada. Sin embargo todo indica que van a recorrer el camino de algún entendimiento con George W. Bush y lo denominarán de cualquier forma menos TLC para contentar a la barra compañera. Le pondrán alguna pildorita esotérica para dejar feliz al Canciller, pero van a terminar firmando algo. Sólo un marciano no entiende que eso es buen negocio para el país, más aún en un escenario en el que Argentina y Brasil no nos hacen las cosas sencillas y nos botijean todo lo que pueden. Kafkiano.
9. Se mostraban austeros y criticaban cuanto viaje emprendían los gobernantes anteriores. Ahora no se bajan de los aviones. Participan de cuanto evento aparece en el horizonte. Y quieren comprar un avioncito para tener más flexibilidad horaria. Esas cabecitas volaron con el poder, entre los secretarios y las alfombras rojas se les quemó la brújula. Caretas.
10. Nos prometieron que los chiquilines pobres saldrían de las calles. Siguen allí. Pidiendo limosna. Y los nuevos burócratas no parecen ya tener la sensibilidad de antes. ¿Se habrán olvidado de lo que decían? ¿Sabrán cómo encarar estos dramas o eran puro voluntarismo? Sin comentarios.
Lo complicado de todo esto es que se va dañando la calidad de la democracia. La rebaja y la hacer decaer. Con tanto macaneo y tanta prepotencia, el Estado de Derecho se erosiona. Ya lo tendrían que saber. Por el bien de todos convendría que rectificaran algunos rumbos.

martes, agosto 01, 2006

Carta - Transparencia Internacional

Montevideo, 31 de julio de 2006.

Sres. De Transparencia Internacional

De nuestra mayor consideración.
En el Uruguay se viene produciendo una situación compleja en la que un funcionario público de enorme jerarquía institucional, como lo es el Secretario de la Presidencia de la República, Dr. Gonzalo Fernández simultáneamente a su labor pública mantiene vinculaciones y asiste en casos jurídicos a eventuales evasores del Estado que litigan contra el mismo.
En nuestra opinión este es un capítulo “delicado” en la vida democrática y cívica del Uruguay puesto que el funcionario en cuestión posee rango ministerial, es la cabeza jurídica de la Presidencia de la República y es, en los hechos, la mano derecha del Presidente actual, Dr. Tabaré Vázquez. A su vez es un catedrático reconocido en su materia lo que le genera una enorme visibilidad en su área de influencia.
La figura del Secretario de la Presidencia, al igual que la del Director de Planeamiento y Presupuesto revelan un enorme poder porque poseen todo el peso y el rango ministerial verdaderos espacios de decisión de marca mayor.
Claramente, el Secretario de la Presidencia, puede ejercer un poder de influencia sustantivo en todas las decisiones jurídicas que el Estado compromete. Además participa de los Consejos de Ministros donde cada ministro advierte en esa figura a un severo controlador de las normas públicas.
De un tiempo a esta parte, el diputado Jorge Gandini integrante de la oposición política, al igual que nuestro caso, viene sosteniendo que son más de una decena de causas jurídicas en las que el Secretario de la Presidencia uruguayo se encuentra ubicado en los dos lados de la calle: actuando como defensor o asesor legal de empresas que tiene contenciosos con el Estado, más precisamente con el área de evasión de impuestos a cargo de la Dirección General Impositiva y manteniendo su cargo gubernamental sin siquiera ensayar algún tipo de disculpa pública. Esto es impactante para cualquier observador desapasionado.
El Secretario de la Presidencia también, en nuestra mirada, ejercita –aunque no fuera tal su voluntad- una presión indirecta sobre los fiscales de la nación al depender todos ellos del propio Poder Ejecutivo. Resulta entonces, que así nace una situación harto embarazosa, en la que los fiscales podrán en más de una oportunidad, tener que actuar en juicios en los que este jerarca fuese la contraparte por parte del sector privado, supuestamente infractor. Inclusive ya no son pocos los que ahora se sienten defraudados por el talante de este funcionario al no tener una dedicación exclusiva como correspondería a la jerarquía de su función. Al fin y al cabo, no se trata de un funcionario público cualquiera, es de los pocos cargos con enorme potencia que la Constitución procuró dotar de amplio margen de actuación. No se comprende como no repara en este tema ético de enorme sensibilidad. Nuestra posición es clara: debe optar por un camino o por el otro.
La legislación uruguaya posee decretos y leyes que permiten preguntarse si el principio sagrado de la imparcialidad, que obliga a conferir tratamientos de igualdad a todas las personas en lo que “refiera o se dirija su actividad pública”, efectivamente se está cumpliendo.
Cabe preguntarse si es moralmente correcto el posicionamiento que este funcionario denota al actuar de esta forma. En nuestra opinión cualquier código de ética muestra que no es aceptable esa doble función. (Es más, la propia Dirección General Impositiva, por suerte, ensayó el camino de la prohibición expresa a sus funcionarios técnicos que asesoraban en casos contra la Administración Pública.)
Por su parte, en nuestra mirada, el Código de Ética que rige el comportamiento de los abogados en el Uruguay es contrario a este tipo de prácticas. Correspondería entonces analizarlo. También es necesario revisar el decreto 30/003 del 23/01/03 que construye la obligatoriedad del funcionario público de poner “preeminencia del interés público sobre cualquier otro”.
Por todo lo presente, deseamos saber entonces atento a lo descripto – y los convocamos a chequear la información in situ si así lo entendieran pertinente - si estos casos son comunes y aceptables en los países que ustedes conocen en base a los capítulos que allí tienen instalados.
Deseamos saber además, cual es la experiencia de los países con bajos niveles de corrupción en los que se logra separar nítidamente la función pública y la función privada con resultados a la vista.
Deseamos saber también si existe algún protocolo estándar en el que estas infortunadas situaciones se prohíban expresamente. Atento a toda la experiencia internacional que ustedes poseen, nos resulta imprescindible requerir vuestra opinión.
Desde ya agradecemos vuestra atención y esperamos vuestra respuesta.

Saludan atentamente,
Bancada de Legisladores del Foro Batllista – Partido Colorado - Uruguay
Dr. Washington Abdala wabdala@parlamento.gub.uy
Ing. Guido Machado
gmachado@parlamento.gub.uy
Sr. Tabaré Hackenbruch
thackenbruch@parlamento.gub.uy
Sr. Gustavo Espinosa
gespinosa@parlamento.gub.uy
Sr. Germán Cardoso
gcardoso@parlamento.gub.uy