La inseguridad pública es uno de los temas de mayor preocupación de la ciudadanía. Lo dicen las encuestas, pero alcanzaría con advertir lo que se palpa en la calle. La gente está atemorizada por sí y por sus seres queridos. ¿Qué mayor inseguridad puede existir que la de no poder caminar tranquilo por el barrio? Si no estuviéramos ante un tema trágico, diríamos que es jocoso evaluar la seguridad pública considerando la cantidad total de delitos como intenta hacer el Gobierno. Ofende la inteligencia un encare de esa naturaleza cuando para todos es evidente el problema.
El “cuántos delitos pueda haber” es un aspecto de la cuestión pero no el único y mucho menos el más importante. El objetivo de una sociedad no es la ausencia total de delitos sino la supresión del sentido de amenaza cotidiana y el afianzar la certidumbre de que el delito paga, y que pagará más cuánto más grave sea el mismo. Todo esto junto a que las autoridades competentes demuestren con hechos que están tomando los recaudos necesarios para controlar y abatir el peligro. Este Gobierno es sinónimo de esos tres objetivos, pero al revés. Se está llegando al punto en que la ciudadanía quiere hacer justicia por su propia mano como en el caso de la niña Pamela. La gente se cansa de tanta inoperancia y empieza a recorrer caminos peligrosos para todos.
Recién ahora parece que el Ministerio del Interior estaría pensando en cómo combatir el delito de rapiña y asume que tiene un impacto mayúsculo en la inseguridad. Necesitaron que, semestre tras semestre, la cantidad de rapiñas se disparara para convencerse. Lo dijimos hace meses, el tema requiere un cambio de enfoque para poner el acento en los delitos de mayor impacto social, es decir aquellos cuya repercusión en términos de inseguridad, intimidación y amenaza son más que evidentes. Estamos hablando, fundamentalmente, de rapiña, hurto, copamiento, homicidio y violación. No puede haber dos opiniones sobre la conmoción social que provocan estos delitos. Hay que multiplicar las acciones focalizándolas en estos flagelos. Y si hay que romper la simetría penal proponiendo que el violador y homicida de menores tenga cadena perpetua no habría que tener temor en avanzar en esta línea. Es gente irrecuperable que no merece otra cosa de la sociedad. No es inflación penal, es lo que hay que hacer ante esos bárbaros para terminar con el daño social que producen definitivamente.
Para el frenteamplismo en el gobierno es una cuestión difícil ya que supone abandonar la teoría que sostuvo desde siempre de que la delincuencia se explicaba (y hasta se podía justificar) por un tema de pobreza. Minúsculo razonamiento, diríamos, porque si bien las condiciones sociales son un factor no desdeñable, es una explicación parcial y hasta engañosa, al punto que puede llevarnos a ver las cosas como si estuviéramos frente a una cuestión de “pobres” contra “ricos”. Nada más maniqueo.
Despreciar elementos claves en la inseguridad tales como la presencia de bravucones violentos en las calles, “barras” de drogadictos en esquinas, limpia vidrios que obligan a “contratar” sus servicios de “pesado”, y otras decenas de situaciones que la gente conoce, es mofarse de las condiciones de seguridad con la que se vive en esta república. Se trata de no es discriminar sino de entender que el fenómeno de la seguridad pública es complejo, multicausal y no se aborda con ideologismos y prejuicios como hasta ahora. Ya bastante tuvimos con la ley de liberación de presos. El mayor mamarracho en esta área vestido de romanticismo trasnochado. Así nos fue.
El Gobierno es el principal responsable de la inseguridad ciudadana. Se muestra flexible ante el delito, débil ante el delincuente y omiso en concebir planes sustantivos que arremetan contra el estado de inseguridad que padece la población. La ministra es buena en marketing comunicacional, ahora se requiere que sea buena en su gestión. De lo contrario solo la recordaremos por aquella folclórica cabalgata y por una inoperancia sin igual. Poca cosa para tanto sonido de tambores.
El “cuántos delitos pueda haber” es un aspecto de la cuestión pero no el único y mucho menos el más importante. El objetivo de una sociedad no es la ausencia total de delitos sino la supresión del sentido de amenaza cotidiana y el afianzar la certidumbre de que el delito paga, y que pagará más cuánto más grave sea el mismo. Todo esto junto a que las autoridades competentes demuestren con hechos que están tomando los recaudos necesarios para controlar y abatir el peligro. Este Gobierno es sinónimo de esos tres objetivos, pero al revés. Se está llegando al punto en que la ciudadanía quiere hacer justicia por su propia mano como en el caso de la niña Pamela. La gente se cansa de tanta inoperancia y empieza a recorrer caminos peligrosos para todos.
Recién ahora parece que el Ministerio del Interior estaría pensando en cómo combatir el delito de rapiña y asume que tiene un impacto mayúsculo en la inseguridad. Necesitaron que, semestre tras semestre, la cantidad de rapiñas se disparara para convencerse. Lo dijimos hace meses, el tema requiere un cambio de enfoque para poner el acento en los delitos de mayor impacto social, es decir aquellos cuya repercusión en términos de inseguridad, intimidación y amenaza son más que evidentes. Estamos hablando, fundamentalmente, de rapiña, hurto, copamiento, homicidio y violación. No puede haber dos opiniones sobre la conmoción social que provocan estos delitos. Hay que multiplicar las acciones focalizándolas en estos flagelos. Y si hay que romper la simetría penal proponiendo que el violador y homicida de menores tenga cadena perpetua no habría que tener temor en avanzar en esta línea. Es gente irrecuperable que no merece otra cosa de la sociedad. No es inflación penal, es lo que hay que hacer ante esos bárbaros para terminar con el daño social que producen definitivamente.
Para el frenteamplismo en el gobierno es una cuestión difícil ya que supone abandonar la teoría que sostuvo desde siempre de que la delincuencia se explicaba (y hasta se podía justificar) por un tema de pobreza. Minúsculo razonamiento, diríamos, porque si bien las condiciones sociales son un factor no desdeñable, es una explicación parcial y hasta engañosa, al punto que puede llevarnos a ver las cosas como si estuviéramos frente a una cuestión de “pobres” contra “ricos”. Nada más maniqueo.
Despreciar elementos claves en la inseguridad tales como la presencia de bravucones violentos en las calles, “barras” de drogadictos en esquinas, limpia vidrios que obligan a “contratar” sus servicios de “pesado”, y otras decenas de situaciones que la gente conoce, es mofarse de las condiciones de seguridad con la que se vive en esta república. Se trata de no es discriminar sino de entender que el fenómeno de la seguridad pública es complejo, multicausal y no se aborda con ideologismos y prejuicios como hasta ahora. Ya bastante tuvimos con la ley de liberación de presos. El mayor mamarracho en esta área vestido de romanticismo trasnochado. Así nos fue.
El Gobierno es el principal responsable de la inseguridad ciudadana. Se muestra flexible ante el delito, débil ante el delincuente y omiso en concebir planes sustantivos que arremetan contra el estado de inseguridad que padece la población. La ministra es buena en marketing comunicacional, ahora se requiere que sea buena en su gestión. De lo contrario solo la recordaremos por aquella folclórica cabalgata y por una inoperancia sin igual. Poca cosa para tanto sonido de tambores.