No hay uruguayo que no haya vivido alguna situación de inseguridad en los últimos años. No hay uruguayo al que no le hayan comentado de la existencia de lugares específicos donde hay “bocas” de pasta base. No hay uruguayo que no sienta el temor ante la delincuencia que se desparrama en el país. No hay uruguayo que vea la televisión y no se asombre de los dementes que violan menores de manera frecuente. No hay uruguayo que esté tranquilos al atardecer en casi cualquier lugar del país. Esta es la evidencia.
Es que la violencia, la inseguridad y el miedo se han apoderado de nosotros y como nunca hay una desconfianza generalizada hacia el sistema. Es cierto lo que han dicho algunos periodistas de que la legislación no alcanza para abatir estos problemas, pero sin alguna legislación nueva no hay manera de encarar los problemas nuevos. La legislación es sólo una parte del asunto, pero no debiera llegar como respuesta fascista sino como anticipación inteligente de esta sociedad violenta, fragmentada y nueva que nos toca vivir.
Los sucesivos Ministros del Interior de este gobierno han ido desde el planteo naïf hasta la soberbia a caballo. No hay manera de encarar uno de los tres temas más importantes en la vida de un país de esa forma y con tanta frivolidad. No se hacen nacer políticas de Estado en materia de seguridad a los gritos creyendo que estamos en el Estadio Centenario.
Los partidos políticos saben que tienen que hablar y pensar sobre inseguridad y el gobierno hace mal en creer que no se tiene derecho a manifestar posiciones al respecto. O hace muy mal al creer que solo es electoralismo lo que motiva a los actores a expresarse. ¿Qué debieran hacer los partidos de oposición? ¿Tal vez aplaudir una gestión deficitaria en materia de rapiñas, violencia doméstica, desapariciones de personas y violaciones de menores?
El gobierno ahora se dirige hacia un enfoque más pragmático del tema. Claro, tuvo que gastar tres años con experimentos, como el de la “humanización” carcelaria y su maravillosa liberación de reclusos, para ahora ir hacia el otro extremo y endurecer inéditamente el enfoque en materia de seguridad. Casi se lleva la Constitución por delante, en ese péndulo loco en el que se metió el Poder Ejecutivo, pero al final primó la razón y nació el Código de Procedimiento Policial de una vez por todas. ¿El gobierno habría votado este código si fuera oposición? Me temo que la respuesta es obvia: durante 20 años tiró piedras contra cuanta iniciativa legal aparecía y siempre creyó que era inflación penal todo aquello que se planteaba en materia de seguridad ciudadana. Tuvieron que llegar al gobierno, ver que hasta a los ministros los robaban por todos lados, para advertir que “está brava la cosa”. Duro precio el que hubo que pagar.
Lo que resulta llamativo es que no se entienda que la Policía tiene que ser jerarquizada de una vez por todas. Y no sólo en el plano salarial, sino también en su calificación y en su respetabilidad hacia la sociedad toda. Esto trasciende el Código de Procedimiento Policial y se traslada hacia entender y ponernos de acuerdo sobre qué tipo de Policía queremos en el país, qué niveles educativos debe poseer y qué grado de respetabilidad tiene que generar.
La izquierda gubernamental, que todavía tiene reflejos de venganza vinculados al quebranto institucional, no asume con seriedad que si no hay una Policía jerarquizada y mejorada en sus aspectos funcionales básicos, no cumplirá el mandato constitucional de velar por la seguridad y el orden interno de la nación.
La Policía todavía siente desconfianza hacia la izquierda gubernamental y la izquierda gubernamental todavía le tiene desconfianza a la Policía. En ese contexto, el único que pierde es el pueblo, que es el verdadero damnificado por semejante tensión.
Esas son las señales de madurez que los gobernantes tienen que dar de una vez por todas si quieren dejar de ser sólo el partido que enfrentó a los partidos históricos —y ganaron por ello— para transformarse en una propuesta seria, con acentos y tonos propios. No alcanza con ser los anti-partidos tradicionales; ahora, además, hay que hacer las cosas bien. Y por esto es que, en parte, en estos días se les cae la estantería. Aquellos que les prestaron el voto no los ven preservar a la clase media, no los ven abatir la pobreza y no los ven cuidando a los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos. ¿Por qué razón habrían de votarlos otra vez?
Es que la violencia, la inseguridad y el miedo se han apoderado de nosotros y como nunca hay una desconfianza generalizada hacia el sistema. Es cierto lo que han dicho algunos periodistas de que la legislación no alcanza para abatir estos problemas, pero sin alguna legislación nueva no hay manera de encarar los problemas nuevos. La legislación es sólo una parte del asunto, pero no debiera llegar como respuesta fascista sino como anticipación inteligente de esta sociedad violenta, fragmentada y nueva que nos toca vivir.
Los sucesivos Ministros del Interior de este gobierno han ido desde el planteo naïf hasta la soberbia a caballo. No hay manera de encarar uno de los tres temas más importantes en la vida de un país de esa forma y con tanta frivolidad. No se hacen nacer políticas de Estado en materia de seguridad a los gritos creyendo que estamos en el Estadio Centenario.
Los partidos políticos saben que tienen que hablar y pensar sobre inseguridad y el gobierno hace mal en creer que no se tiene derecho a manifestar posiciones al respecto. O hace muy mal al creer que solo es electoralismo lo que motiva a los actores a expresarse. ¿Qué debieran hacer los partidos de oposición? ¿Tal vez aplaudir una gestión deficitaria en materia de rapiñas, violencia doméstica, desapariciones de personas y violaciones de menores?
El gobierno ahora se dirige hacia un enfoque más pragmático del tema. Claro, tuvo que gastar tres años con experimentos, como el de la “humanización” carcelaria y su maravillosa liberación de reclusos, para ahora ir hacia el otro extremo y endurecer inéditamente el enfoque en materia de seguridad. Casi se lleva la Constitución por delante, en ese péndulo loco en el que se metió el Poder Ejecutivo, pero al final primó la razón y nació el Código de Procedimiento Policial de una vez por todas. ¿El gobierno habría votado este código si fuera oposición? Me temo que la respuesta es obvia: durante 20 años tiró piedras contra cuanta iniciativa legal aparecía y siempre creyó que era inflación penal todo aquello que se planteaba en materia de seguridad ciudadana. Tuvieron que llegar al gobierno, ver que hasta a los ministros los robaban por todos lados, para advertir que “está brava la cosa”. Duro precio el que hubo que pagar.
Lo que resulta llamativo es que no se entienda que la Policía tiene que ser jerarquizada de una vez por todas. Y no sólo en el plano salarial, sino también en su calificación y en su respetabilidad hacia la sociedad toda. Esto trasciende el Código de Procedimiento Policial y se traslada hacia entender y ponernos de acuerdo sobre qué tipo de Policía queremos en el país, qué niveles educativos debe poseer y qué grado de respetabilidad tiene que generar.
La izquierda gubernamental, que todavía tiene reflejos de venganza vinculados al quebranto institucional, no asume con seriedad que si no hay una Policía jerarquizada y mejorada en sus aspectos funcionales básicos, no cumplirá el mandato constitucional de velar por la seguridad y el orden interno de la nación.
La Policía todavía siente desconfianza hacia la izquierda gubernamental y la izquierda gubernamental todavía le tiene desconfianza a la Policía. En ese contexto, el único que pierde es el pueblo, que es el verdadero damnificado por semejante tensión.
Esas son las señales de madurez que los gobernantes tienen que dar de una vez por todas si quieren dejar de ser sólo el partido que enfrentó a los partidos históricos —y ganaron por ello— para transformarse en una propuesta seria, con acentos y tonos propios. No alcanza con ser los anti-partidos tradicionales; ahora, además, hay que hacer las cosas bien. Y por esto es que, en parte, en estos días se les cae la estantería. Aquellos que les prestaron el voto no los ven preservar a la clase media, no los ven abatir la pobreza y no los ven cuidando a los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos. ¿Por qué razón habrían de votarlos otra vez?
