LA ALTERNATIVA PARLAMENTARISTA

(Publicado - El Observador 19/9/07)

Con este título y hace ya algunos años atrás se abogaba desde algún sector de la Academia para introducirle a nuestro régimen de gobierno fórmulas parlamentaristas. La tradición presidencialista de nuestro país es muy fuerte. Hay quienes han dicho que si vamos a la letra fría de la Constitución estaríamos ante a un semipresidencialismo, pero, la verdad, es que ha funcionado como un presidencialismo puro y nadie puede dudarlo. Este es, pues, un asunto sobre el que se debatió mucho en nuestro país. Sin embargo, no estoy plenamente convencido que el tema esté laudado. Por el contrario, tengo la convicción que el sistema político uruguayo se encuentra en un punto en el que el tema ameritaría ser replanteado.
Por un lado, porque continuamos con un sistema de partidos fragmentado y nada indica que la cosa vaya a cambiar para la próxima elección, sobre todo sabiendo que para el Frente Amplio mantener su caudal electoral es una “misión imposible” y con un Partido Nacional y Colorado disputando el electorado liberal.
Por otro, porque este Gobierno es un testimonio de lo que representa la acumulación total del poder político acompañado por un estilo de administración que impone sus ideas sin darle ningún espacio a la oposición. Sólo se negocia al interior del Frente Amplio y todavía se tiene el descaro de hacer pasar esa discusión interna como si fuera del Parlamento en su conjunto. Para colmo, un Gobierno y sus aliados sociales que no han dudado en acusar a los medios de comunicación, a organizaciones sociales y a los partidos de la oposición de conformar una especie de “eje del mal”. ¡Linda manera de abrirse ante la opinión de los demás! Por lo tanto, de un Ejecutivo fuerte y estable —que es lo que el régimen presidencialista nos ofrece como uno de sus atributos fundamentales— hemos pasado a alarmarnos ante un gobierno que hace abuso de poder. Sin duda, esto es sinónimo de un aumento de la polarización, cuyo primer responsable es el Gobierno.
Por último, y como lógica derivada del propio presidencialismo, el país tiene que padecer lo irregular que son las gestiones ministeriales sin poder hacer nada con los ministros a todas luces incompetentes. Más allá de la opinión que tengamos sobre ésta o aquélla política concreta, hay ministros que producen, pero hay ministros que ya han demostrado ser letalmente ineficientes. Ya no se trata de discrepancias políticas, sino lisa y llanamente de ineptitud. Esos ministros están aferrados al sillón como a un rencor y no hay régimen institucional que permita aplicarles a una censura constructiva.
No creo que Uruguay resista un modelo parlamentarista puro, al menos sin alterar profundamente buena parte de la normativa política y electoral, lo que es otra manera de decir lo mismo. Ahora bien, transformar nuestro régimen de gobierno en un régimen de neto corte semipresidencialista o semiparlamentarista, como quiera llamársele, no es para mí una idea descabellada.
El Frente Amplio tanto habló de la reelección como fórmula de solución a su conflictividad interna que no advirtió que lo que el Uruguay como país necesita no es la reelección (menos con un régimen presidencialista y con esta concentración de poder) sino la continuidad y la estabilidad de las políticas. Porque convengamos que entre las consecuencias de que no se admita la reelección, está el problema de la posible discontinuidad de las políticas gubernamentales. Pero la reelección con presidencialismo es potenciar todos los aspectos negativos de éste.
Lo que importa es la continuidad de los acuerdos mayoritarios asiduamente renovados y la estabilidad basada en la moderación que provoca la propia búsqueda de los entendimientos y de un poder que se comparte o espera ser compartido. No es nuevo que la fórmula es la existencia de un jefe de Estado, electo por la voluntad popular, y un jefe de gobierno, designado por el primero y que dependa junto al resto del gabinete de la confianza parlamentaria. Esta sí sería una reforma en serio y profunda, y no una eliminación aislada del balotaje que haría retroceder al país a los tiempos de presidentes minoritarios con baja legitimidad.
Estamos convencidos que es un camino posible que el país podría recorrer, sobre todo si se lo hace por encima de la estrechez de la mirada electoralista.

LAS COSAS ESTÁN CAMBIANDO

(Publicado - El Observador 5/9/07)

El “partido” de gobierno se encuentra bajo la tentación autoritaria de hacer lo que le venga en gana. Y para ello no repara en violentar preceptos legales y erosionar la Constitución. Desde la modificación de la jurisdicción de ciertos contenciosos laborales —en medio de demandas en curso—, pasando por la relajación de los controles legales al régimen de compras de las empresas públicas —pulverizando así los requisitos del Tocaf— hasta una serie de facultades inspectivas del Estado sobre las personas. Todas ellas constituyen acciones —entre otras— que revelan un avasallamiento grosero del Estado de Derecho.
En definitiva, estas conductas dan cuenta de un Estado crecientedmente autoritario, que hace lo que se le va ocurriendo y que se siente legitimado para ello desde una concepción refundacional de la cosa pública. En el fondo, revelan un desprecio profundo por los derechos de la gente y un endiosamiento del aparato burocrático estatal. Revelan que el viaje a la modernidad no ha sido tomado muy en serio por muchísimos gobernantes y que en un examen de “respeto básico a las normas de la democracia” serían muchos los reprobados por ignorar el abecé de la separación de poderes y de sus límites.
En relación a lo político, las cosas no son muy distintas. Primero fue la reelección presidencial bajo un formato jamás aclarado. Nunca nadie en nombre del gobierno, de manera más o menos en serio, recorrió un camino jurídico constitucional de reelección posible. El asunto era expresar que se podía usar esa arma política para ganar a como diera lugar y así se hizo. Tuvo que aparecer el propio Presidente —a las cansadas— para bajarle las revoluciones al asunto y así calmar tanto a su interna como a la oposición que advertía excesos del poder de imperio. Claro, la cosa ya no daba para más y no hubo más remedio que recordar las normas jurídicas. Ahora es el balotaje y su eventual eliminación. De vuelta a manosear la Constitución a gusto y placer de las mayorías circunstanciales y no de lo que todo el cuerpo electoral entienda conveniente. En suma, toquetear el marco jurídico fundamental para acomodarlo a las necesidades electorales de corto plazo de la “fuerza política” gobernante.
Este gobierno vive haciendo cálculos de qué le conviene para estirar en el tiempo su proyecto hegemónico. Es evidente que ya no tiene el cincuenta por ciento del electorado porque entre Astori y su Irpf, Gargano y el horrendo manoseo argentino que vivimos cada diez días y la “entusiasmante” reforma de la salud, se conforma un panorama básico de molestia e incomodidad de muchos ciudadanos frentistas hacia su propio gobierno. Es más, ya no aparece ese pariente o amigo frentista que en cada reunión social vociferaba sobre las bondades de su gobierno. Ahora llegamos a la paranoia en la que hay tantos que se quejan que uno se pregunta dónde están aquellos que los votaron. Ya nadie quiere asumir la paternidad de este gobierno. Las cosas están cambiando.
Es posible que la oposición, ahora, se encuentre con una posibilidad que, al inicio de este gobierno, parecía lejana. Es posible que si del lado opositor se profundiza un contralor agudo y se formulan propuestas maduras para ubicar al país en la realidad y no en un sueño irresponsable, se configuraría la enorme oportunidad de alcanzar el gobierno y orientar al país hacia un tiempo distinto.
El gobierno —ya lo sabemos por estas tristes señales— va a hacer todo lo que esté a su alcance para seguir en el poder. Desde descalificar a la prensa, hasta el armado de redes clientelístico-prebendarias bajo el título de “políticas sociales”, pasando por acciones que ya se pueden oler. No va a ser fácil, porque están dispuestos a mucha cosa. Hay que estar con los ojos bien abiertos y socializar al país sobre la importancia de velar por la democracia. Si la gente está consustanciada, la batalla se podrá dar a fondo y así dirigirnos hacia una República más moderna, que entierre definitivamente un modelo autoritario que sigue anclado en el pasado. Pero para eso hay que moverse. Con hablar y criticarlos no alcanza. En éso, aunque duela admitirlo, ellos fueron un ejemplo de activismo militante permanente.